Home

Tras dedicar un tiempo a analizar las noticias y el entorno, y otro buen tiempo a hablar con varios de los implicados, empiezo a tener una idea clara de lo que hay detrás de la presentación del anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual, que contiene eso que algunos han pretendido llamar “la tasa Google” y que, en rigor, debería denominarse “canon de la AEDE”.

Lo que estamos viviendo en estos momentos va mucho más allá de un cobro a los agregadores o una modificación de una ley: estamos hablando de una excusa basada en la tecnología, que permite con su “regulación” la toma de control de un gobierno sobre los medios de comunicación de un país. De algo que tiene mucho más que ver con el establecimiento de una auténtica “democracia bananera”.

Sabiendo de dónde y de quién viene el movimiento, es relativamente fácil ver sus derivaciones: el gobierno, obsesionado con el tratamiento de los medios de comunicación y preocupado por las próximas citas electorales, ha decidido tomar por asalto las posiciones que no controlaba: mediante el reparto de la jugosa tarta de la publicidad institucional y poniendo encima de la mesa la citada modificación de la ley, ha conseguido ya modificaciones en las cúpulas de los principales diarios que le habían resultado hostiles: tras los cambios en la dirección de La Vanguardia y El Mundo, suena ahora el relevo en El País, completando un movimiento en las cabeceras tradicionales que estaba en realidad planificado desde antes incluso de que el Partido Popular llegase al poder.

El diseño cuidadoso del anteproyecto de ley, que toma como modelo el caso alemán y busca claramente cerrar los huecos que permitieron que Google fuese capaz de evitar el pago en aquel país, dejan claro que estamos hablando de una pieza más en toda esta jugada de toma de control. El secuestro de la red, como moneda de cambio para lograr un control de los medios digno de un país populista o directamente autocrático.

La modificación del proyecto de ley de propiedad intelectual planteada por el gobierno español está pensada, por encima de todo, como una manera segura de entregar dinero a los medios. En primer lugar, destaca el planteamiento de “derecho irrenunciable”: ¿cómo puede plantearse como “derecho irrenunciable” algo a lo que yo – o muchos otros medios – expresamente renunciamos mediante una licencia de contenidos abierta? Una licencia Creative Commons BY explicita de forma clara que permito la reproducción de mis contenidos con la única condición de que vayan correctamente atribuidos. ¿Cómo puede un gobierno pasar por encima de mi voluntad y “obligar” a que esos contenidos devenguen un pago, que además es recaudado por una sociedad de gestión y repartido con criterios que ellos mismos deciden? ¿Cómo justificar semejante componenda? La única razón es asegurar que ese dinero, un auténtico “impuesto revolucionario” se mire como se mire, llega finalmente a quienes ellos quieren que llegue. Mientras en Alemania bastó con un cambio en las condiciones de los agregadores para evitar el pago (la práctica totalidad de los medios se apuntaron al sistema opt-in planteado por Google News con tal de no quedarse fuera), en España esa posibilidad queda cerrada, porque hablamos de un supuesto “derecho irrenunciable”. Hace falta mucho valor y mucha premeditación para plantear algo así.

Seguir leyendo a Enrique Dans en el original

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s